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LA VERDADERA MASACRE EN VALLES DE ANAHUAC

NO FUE ENFRENTAMIENTO; FUE UNA EJECUCION EXTRA JUDICIAL PARECIDA AL CASO TLATLAYA

Nuevo Laredo, Tamaulipas. – El pasado 5 de septiembre, el gobierno de Tamaulipas informó a través de la Secretaría de Seguridad Pública, el aseguramiento de una camioneta modificada con blindaje artesanal, así como 15 armas largas y una corta “luego de que policías estatales repelieron una agresión en su contra en la que murieron 8 personas identificadas como integrantes de un grupo delictivo”.

Denuncias, testimonios e investigaciones realizadas por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo revelan todo lo contrario: se trató de una ejecución arbitraria o extrajudicial al estilo del caso Tlatlaya en la que habrían participado elementos de operaciones especiales de Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET) y agentes de la Policía Estatal.

Las imágenes de cinco hombres y tres mujeres vestidas con uniformes tipo militar, posando con armas junto a sus cuerpos y que fueron filtradas por autoridades del gobierno de Tamaulipas fue un verdadero montaje.

En ese domicilio ubicado en Avenida 7 número 902 solamente vivía Severiano Treviño Hernández, ex empleado de una empresa distribuidora de refrescos, junto con su hija Kassandra y una niña de dos años.

En un recorrido realizado por personal del Comité de Derechos Humanos se constató que no hay evidencias de un enfrentamiento, el interior de la casa donde vivía Severiano no tiene impactos de balas, solamente huellas de una ejecución extrajudicial al estilo de las fuerzas armada; a cada víctima la dispararon un tiro en la cabeza y a corta distancia. Algunos estaban sometidos en el piso o acostadas sobre una cama.

48 horas después de ocurridos los hechos, en el interior de la vivienda de Severiano todavía quedan al menos cuatro casquillos que personal de Servicios Periciales no recolectó, pues los agentes estatales que intervinieron en estos hechos condicionaron hasta la presencia y actuación del Ministerio Público y de los agentes investigadores hasta que ellos les “autorizaran el paso”.

Alrededor existen cuando menos cuatro viviendas cercanas al domicilio de Severiano que no presentan un solo disparo en sus fachadas; tampoco hubo personas lastimadas o heridas, ni de la Policía Estatal, ni del Ejército y tampoco civiles, como sucedió en el evento de la carretera Aeropuerto e Iglesias Calderón, ocurrido el 27 de agosto pasado y que dejó siete personas fallecidas, entre ellas, una mujer de nombre Silvia, de 45 años, comerciante y que estaba secuestrada.

Las armas largas que aparecen junto a las víctimas en las imágenes filtradas a páginas de internet vinculadas a las fuerzas armadas y corporaciones de seguridad pública evidencian que fueron colocadas de manera burda, uniformes más grandes a las tallas de las personas muertas e incluso el calzado lo tenían al revés.

Hasta el momento, autoridades del estado de Tamaulipas no han presentado un informe oficial y detallado de lo sucedido en esas seis horas que tuvieron presencia en Valles de Anáhuac.

Se desconoce, por ejemplo, el tiempo de duración de dicha persecución y enfrentamiento, la hora de fallecimiento de las víctimas, el número de disparos que supuestamente hicieron “los agresores”, los casquillos percutidos y recolectados, la posición victimario-tirador, la distancia entre ambos y finalmente, las videograbaciones que deberían existir de estos hechos, tomando en cuenta que las corporaciones policiacas y militares traen cámaras de video grabación en sus vehículos o entre su personal operativo.

Finalmente, imágenes obtenidas por personal del Comité de Derechos Humanos en un comercio del fraccionamiento Valles de Anáhuac se observa, poco después7 de las ocho de la mañana, a personal militar comprando botellas con agua, refrescos y frituras sin mostrar ninguna preocupación o estado de alerta, después de haber participado en una supuesta “persecución o enfrentamiento con ocho integrantes del crimen organizado”.

Tampoco existen videos de esta “balacera” como ha sucedido en otros casos en Nuevo Laredo o el resto de Tamaulipas simplemente porque no hubo tal y eso que esta “persecución y enfrentamiento” ocurrió en plena mañana en uno de los sectores de pobreza extrema en Nuevo Laredo.

Kassandra tiene 18 años, es hija de Severiano Treviño Hernández y madre de una niña de dos años de nombre Kendra. A ella los agentes estatales “le perdonaron la vida” por que no supieron que hacer con su hija.

“Cuando estábamos dormidos mi papá vestía short y andaba en sandalias, los policías estatales lo obligaron a ponerse un uniforme tipo militar, botas y casco negro, luego lo esposaron y lo metieron a mi cuarto”.

Kassandra tiene miedo de represalias por parte de la Policía Estatal, quedó afectada emocionalmente al saber que su papá fue ejecutado extrajudicialmente. Sin embargo, este domingo se presentó en las oficinas de la Fiscalía General del Estado a presentar formal querella en contra de los homicidas de su padre: elementos del CAIET y de la Policía Estatal.

Pedro Mendoza, cuñado de Severiano, tomó una fotografía con su teléfono celular donde solamente se aprecian vehículos militares y de la policía estatal frente al domicilio donde según la versión de las autoridades ocurrió “una persecución y un enfrentamiento”.

Una vecina contó que las personas estaban vivas y detenidas a bordo de los vehículos blindados para que nadie los pudiera ver.

“Estaban vivos, venían esposados, a unos los metieron por el patio de la casa y a las muchachas por la puerta del frente”.

A Luis Fernando Hernández Viesca, de 19 años, lo sacaron de su domicilio ubicado en Jesús Guajardo 649 de la colonia Buenavista alrededor de las cuatro de la mañana, mediante un operativo en el que participaron policías estatales, elementos de CAIET y soldados del Ejército Mexicano.

Mientras que a otros tres hombres y tres mujeres fueron sacados de unos departamentos ubicados en el número 6836 de la calle Héroe de Nacataz en la colonia Valles de Anáhuac.

Lo anterior fue confirmado mediante el testimonio de dos mujeres que también viven en dichos departamentos y quienes fueron atadas con cinchos por los policias.

En uno de los cuartos están las manchas de sangre de una de las víctimas a quienes torturaron de diferentes maneras.

Otra de las víctimas es una estudiante originaria del Estado de México. Se llamaba Jennifer, tenía 21 años, y tenía pocos días de haber llegado a Nuevo Laredo, con su novio y sin pedirle permiso a sus padres. No tenía antecedentes penales y era estudiante. Sus familiares se presentaron este domingo a identificarla plenamente.

Juana Yetzel tenía 20 años, vivía con su mamá en Frontera, Coahuila, y trabajaba como sexo servidora, Llegó a Nuevo Laredo en mayo pasado buscando una mejor forma de vida y tenía dos hijas. Su mamá identificó el cuerpo y tampoco creyó la versión del “enfrentamiento”.

La persecución y el supuesto enfrentamiento nunca ocurrió: la camioneta Tundra en la que supuestamente viajaban las ocho personas fallecidas fue asegurada en un domicilio diferente ubicado en la cuadra 68 de la calle Madero, a unos cinco kilómetros de distancia y arrastrada hasta la vivienda de Severino en Valles de Anáhuac, con ayuda de una grúa de Tránsito Municipal.

El operador de la grúa fue amenazado de muerte por agentes de la Policía Estatal para no decir nada de lo que vio, sin embargo, su testimonio está en un Parte de Flujo Interno en poder del Comité de Derechos Humanos y que se hizo del conocimiento del presidente municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar, a través del director de la dependencia, Mauricio Martínez Monroy.

La existencia de cuando menos tres videos que de manera anónima hicieron llegar a personal al Comité de Derechos Humanos prueban que esa mañana del 5 de septiembre, la camioneta Tundra, cuatro puertas, color negro y sin placas de circulación fue arrastrada exactamente a las 07:39 horas y en una segunda cámara, a dos calles de distancia, a las 07:44 de la mañana.

En ese momento iba custodiada por cuando menos doce vehículos: cuatro camionetas y cuatro camiones blindados de la Policía Estatal, una grúa de Tránsito Municipal y tres vehículos militares con los números económicos 0916312, 0916324 y 0916593, estos últimos pasan por la calle Madero en la cuadra 65.

El acompañamiento de personal militar y unidades del Ejército Mexicano junto a policías estatales fue una presión ejercida por el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador después del atentado que sufrieron elementos de la Policía Estatal mientras se encontraban acuartelados en un hotel del sur de Nuevo Laredo y que obligó a las autoridades federales y estatales a reunirse de emergencia en Saltillo, Coahuila el pasado 29 de agosto.

Familiares de las víctimas ya presentaron querella formal por estas ejecuciones extrajudiciales y están solicitando a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso ante la desconfianza que existe en la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas por fabricar culpables y mentir a la población.

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