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CIUDAD DE MÉXICO. – Nombre por nombre y rostro por rostro, la Procuraduría General de la República (PGR) investigará a los elementos de la Secretaría de Marina desplegados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre el 1 de enero y el 31 de mayo, para tratar de esclarecer los casos de desaparición forzada en esa frontera.
La PGR dio a conocer que pidió a la Marina un informe pormenorizado que contenga los nombres del personal adscrito en dicho periodo, las bitácoras de sus servicios prestados, el álbum de sus fotografías e incluso su ubicación actual.
En un reporte, la PGR indicó que también solicitó número y ubicación de las bases provisionales desplegadas; la relación de armamento y vehículos utilizados con su ubicación actual; la relación de los equipos de comunicación utilizados; y el registro de los operativos realizados en el periodo.
Grupo REFORMA publicó el 21 de julio que la Secretaría de Marina no rindió todos los informes que le fueron requeridos sobre el caso, por lo que una jueza federal le impuso a su titular, Vidal Francisco Soberón, cinco multas que suman 40 mil 300 pesos.
El 30 de mayo, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió sobre la desaparición forzada de al menos 23 personas en Nuevo Laredo, cometidas por elementos de la Marina.
De acuerdo con datos de la PGR, que atrajo la investigación días después, en 26 carpetas de investigación se reportan 36 víctimas de ese delito, de las cuales una fue localizada con vida y nueve fallecidas.
La PGR indicó que, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, ha realizado aproximadamente 150 diligencias como parte del plan de investigación de estos hechos ocurridos a principios de 2018.
Entre las diligencias están la inscripción de víctimas y familiares ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; la emisión de medidas de protección; el levantamiento de cuestionarios a denunciantes y familiares; y la toma de muestras de ADN para elaborar perfiles genéticos.
Asimismo, la toma de declaraciones y entrevistas a víctimas y testigos; la solicitud de videos de vigilancia; la realización de inspecciones; la búsqueda de indicios; y la geolocalización de las antenas de teléfonos que portaban las víctimas directas.
La PGR también solicitó a la Procuraduría de Tamaulipas el registro de localización de fosas ubicadas desde enero en Nuevo Laredo, Anáhuac, Vallecito Ciénega y Sabinas; y un “Análisis de Contexto” al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.
