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Gran negativa por parte de la Asesor jurídico Rosalba Hernández Roux, en cuanto a proporciona información a víctimas, la abogada no informa con puntualidad los hechos, no saben en qué etapa van del juicio, no saben que audiencias vienen, no saben quiénes van a participar.
Será el próximo 5 de septiembre que se cumplan dos años de la masacre de Valles de Anáhuac, justo el tiempo en que el gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, anunciaba que elementos del Grupo de Operaciones “CAIET” (Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas), en conjunto con Sedena, habían abatido a ocho miembros del crimen organizado tras un enfrentamiento.
Después de los hechos el presidente del comité Municipal de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez y familiares de las victimas de esa masacre, aportaron fotos, video y testimonios con los que pudieron comprobar que las victimas fueron llevadas al lugar a la fuerza, torturadas y luego vestidas con uniformes militares para presentarlas como miembros del crimen organizado, mismos que fueron ejecutados extrajudicialmente.
“Quienes están representando a las víctimas en ese juicio es la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Tamaulipas a través de dos asesores, uno en Ciudad Victoria y otro en Nuevo Laredo, en esta ciudad es la Licenciada Rosalba Hernández Roux la representante de atención a víctimas, esta mujer es la abogada no les informa con puntualidad los hechos, no saben en qué etapa van del juicio, no saben que audiencias vienen, no saben quiénes van a participar” declaró Ramos Vázquez.
A la forma de proceder y de como llevan el caso, Raymundo Ramos calificó como “un juicio entre cuates, un juicio simulado” refiriéndose al caso de Valles de Anáhuac, ya que no se ve intensión de investigar y sancionar a los responsables de una de las peores masacres de civiles en la historia de Tamaulipas, que involucra a un grupo de operaciones de inteligencia de la policía estatal del grupo CAIET y elementos de la Sedena.
“Hay que recordar que hay un juicio en contra de dos elementos, cuando los hechos ocurrieron en Nuevo Laredo y ese juicio debió llevarse en Nuevo Laredo, pero cuando tiene interés particular el gobernador y el Fiscal, estos juicios los llevan a Ciudad Victoria para tener el control de los jueces, de los ministerios públicos que intervienen y obviamente de la defensa”, resaltó el representante de CNDH.
En otra jugarreta el gobierno de Tamaulipas a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), negaron el acceso a las audiencias del juicio a los medios de comunicación, ni tampoco a defensores de los derechos humanos.
“Nosotros estamos inconformes de que ese juicio se este llevando en Ciudad Victoria por una razón, porque los familiares de las víctimas, no tienen acceso mas que vía remota, cuando se tiene acceso vía remota, no se tiene toda la información disponible están en desventaja los familiares” concluyó Ramos Vázquez.
