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Nuevo Laredo, Tam. Dos años han transcurrido desde la masacre de Valles de Anáhuac, en esta ciudad fronteriza, y familiares que aun lloran a sus seres queridos, se citaron donde a sangre fría fueran ejecutados sus deudos, por policías estatales y militares.
Como parte de su grito de justicia, a las afueras de la vivienda donde murieran sus familiares, se colocaron cruces con los nombres de las víctimas, así mismo estuvieron presentes el Presidente del Comité de Derechos Humanos Raymundo Ramos Vazquez, pidiendo justicia ya que se tiene conocimiento que solo están detenidos dos policías estatales, y dos mas están prófugos de la justicia, así como tres mas que se sometieron al programa de testigos protegidos.
“Hace dos años estas personas fueron sacadas de sus domicilios uno en la colonia Buena vista otro en la colonia Hidalgo y luego fueron traídos a este lugar, vivos, detenidos y esposados, ya aquí fueron torturados entonces alguien decidió que tenían que privarles de la vida, que hasta hoy sabemos la orden fue dada por Felix Arturo Rodriguez Rodriguez, director del desaparecido CAIET, ahora GOPES.
Los oficiales que para evitar ser enjuiciados y posiblemente recluidos, se volvieran testigos protegidos, son Zayra Concepcion Guevara Garza, Juan Carlos Vicencio Zuvirie y Azariel Urbina Arguelles, permaneciendo en calidad de prófugos Francisco Hernández Carbajal y Edith Esteban cruz.
Raymundo Ramos, estuvo acompañado por; Kassandra quien es una testigo presencial de las ejecuciones de las 8 personas, ya que ella vivía en la casa donde fueron llevados, para asesinarlos, la cual señalan que a dos años aún no ven justicia para su padre y las demás víctimas.
Kassandra Treviño, Familiar de víctima Dijo, “Pues hasta ahorita sigue siendo muy dura la perdida de mi papá, no se ha hecho justicia no sabemos nada del caso, no nos han dicho nada, y pue solo que nos ayuden que se haga justicia que paguen por lo que hicieron y pues me siento muy mal al ver la casa así, saber que ya no está mi papá, saber que ya no me lo van a regresar”.
Autoridades de derechos humanos, como la propia Kassandra piden también se investigue al Ejército Mexicano el cual tuvo participación en estos delitos, y que basado en videos que proporcionaron vecinos del lugar, se tiene conocimiento que elementos de SEDENA estuvieron el el momento que montaban la ejecución, sin hacer algo para evitarlo, y aun así emitieron un informe de un supuesto enfrentamiento.
“Justamente esa es una complicidad muy grave, entre el gobierno de Tamaulipas y el ejército obviamente el Fiscal especial Adelfo Gabriel González Pérez, no quiso tocar al ejército como no ha hecho la investigación sobre la procedencia de las armas, el ejército está en estos momentos quedando impune”, finalizó Ramos Vazquez.
