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Acusan que hay un interés en lograr una aprobación exprés de la normativa.
México.- Organizaciones de la Sociedad Civil exigieron al Congreso de la Unión, transparentar y someter al análisis de las universidades y los expertos, la discusión de la Ley de Seguridad Interior que será dictaminada en la Cámara de Diputados.
En conferencia de prensa, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, México Unido contra la Delincuencia o Amnistía Internacional, demandan evitar la aprobación exprés una iniciativa que podría ser, a todas luces, violatoria de los derechos humanos.
Al hacer uso de la palabra, Alejandro Madrazo, resaltó que una solución estable en materia de seguridad necesita ser arropada por todos los actores, incluida la Sociedad Civil organizada y la academia.
“Los legisladores deben entender eso, nuestro llamado es a evitar legislar con ocurrencias y para eso, necesitan tener tiempos serios y no apresurados de deliberación pública y abierta, necesitan presentar los documentos con los cuales están realizando su dictaminación y con una discusión pública sobre la decisión más importante que ha tenido este país en décadas, no se puede legislar al vapor”, sentenció.
En su turno, la politóloga Denise Dresser detalló que de ser aprobada la norma, seria un paso más hacia la militarización del país y la promoción de las violaciones a derechos humanos.
Esto fue respaldado por José Antonio Guevara de la Comisión por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien señaló que en los últimos 10 años la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registra 64 mil detenciones arbitrarias a ciudadanos, sin que existe un marco legal que les permita participar en dichas labores.
La Procuraduría General de la República recibió en el mismo periodo, mil 273 denuncias por tortura atribuibles a las fuerzas armadas, de las que 200 de estas fueron documentadas por la CNDH, quien suma 25 casos de desapariciones forzadas registradas por la Defensoria Nacional.
Por último, advirtieron que de aprobarse la norma, podrían realizar acciones para instar a la CNDH y a los partidos minoritarios a que promueven una controversia constitucional para evitar su puesta en marcha.
