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El Gobierno Ciudadano no contratará un intermediario financiero o “bróker” para la reestructuración de la deuda estatal.
La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado informa que se apoyará en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y personal estatal para lograr la renegociación por hasta 42 mil 700 millones de pesos.
Además la reestructuración no incrementará el monto de la deuda, sino que contribuirá al saneamiento de las finanzas públicas.
El Procurador Fiscal, Ulises Carlín y el Subsecretario de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría General de Gobierno, Homero Cantú, entregaron hoy el proyecto de decreto en el Congreso local.
Liberación de flujos por más de mil 482 millones de pesos a través de la obtención de mejores condiciones, tasas y plazos son algunos de los beneficios que se tendrían una vez que la solicitud sea autorizada por el Legislativo.
El decreto faculta a la Tesorería estatal a reestructurar o refinanciar, en las mejores condiciones del mercado, la deuda pública directa, gestionando o contratando financiamiento a través de una o varias operaciones de crédito con una o más instituciones de crédito mexicanas.
La deuda pública de Nuevo León fue reestructurada por la anterior Administración en julio de 2013, sin embargo el Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón considera que aún hay margen para mejorar sus condiciones.
El Gobierno Ciudadano solicitó también al Congreso la aprobación al decreto que autoriza a la Red Estatal de Autopistas (REA) bursatilizar los flujos carreteros de la vía Monterrey-Cadereyta por un monto de hasta nueve mil millones de pesos con un plazo de hasta 38 años.
El objetivo es refinanciar las operaciones bursátiles que actualmente tienen como fuente dichos flujos y destinar los excedentes, que se calcula lleguen a tres mil millones de pesos, a inversión productiva.
Con esta operación se busca mejorar las condiciones actuales y obtener recursos adicionales que serán destinados a la ampliación del Anillo Periférico, desde el municipio de Juárez hasta Allende.
Además, el decreto establece que la REA no destinará los recursos excedentes a gasto corriente, como lo hizo el Gobierno anterior.
